Una firme política de seguridad ciudadana, convivencia social y orden interno
Concertación Descentralista ofrece al país la mejor opción para garantizar la seguridad ciudadana, desterrar definitivamente el terrorismo, combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Nos comprometemos a colocar 40,000 policías en las calles en cinco años, distribuirlos de manera más equitativa en el país y fortalecer las Comisarías y la Policía Comunitaria. Afianzaremos el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, basado en el liderazgo de las municipalidades, la participación de los vecinos y vecinas organizados y la efectiva colaboración intersectorial, colocando énfasis en la generación de una política de prevención comunitaria del delito. Concertación Descentralista tendrá como prioridad de esta política a adolescentes y jóvenes, quienes son los que más ejercen y padecen violencia.
Reforma policial y seguridad ciudadana
Relanzaremos la reforma policial en base a cinco principios rectores: acercar la Policía a la comunidad; erradicación de la corrupción e impulso a planes de probidad y transparencia en la Policía Nacional y el Ministerio del Interior; afirmación de la naturaleza civil de la Policía Nacional; gestión eficiente y honesta de los recursos y bienestar y dignificación de la función y vida de la Policía
Incorporaremos 40,000 nuevos policías en las calles en cinco años y fortaleceremos a las Comisarías y de la Policía Comunitaria.
Consolidaremos el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con el liderazgo de las municipalidades, la participación de los vecinos organizados y la efectiva colaboración intersectorial.
Se implementará una política transversal de prevención de conflictos sociales en todos los sectores de la administración pública, de tal forma que existan canales institucionales para prevenir y resolver conflictos sociales en forma permanente;
Eliminaremos la impunidad legal contra el delito menor con jueces de paz en todas las Comisarías del país, la creación de nivel intermedio de sanción no carcelaria para delitos menores, la implementación de programas efectivos de prestación de servicios a la comunidad y construcción de cárceles exclusivas para delincuentes primarios para políticas efectivas de reinserción social.
Afianzaremos las acciones policiales de orden interno y orden público a nivel nacional.
Mejoraremos el profesionalismo y niveles de vida del personal policial.
Política antidrogas y de desarrollo alternativo
Concertación Descentralista tendrá cero tolerancia con el narcotráfico. Combatiremos el narcotráfico en toda la cadena productiva y de comercialización, empezando por la erradicación de pozas de maceración, la interdicción aérea y fluvial así como la eliminación de aeropuertos y puertos clandestinos y la detección y eliminación de los diversos canales usados para el tráfico de drogas.
Fortaleceremos el control estricto de los insumos químicos precursores utilizados en la fabricación de drogas y daremos pleno apoyo a la unidad de inteligencia financiera contra el lavado de dinero. Fortaleceremos el sistema judicial especializado en casos de narcotráfico.
Para la Concertación Descentralista, los campesinas cocaleros son sujetos de desarrollo y no criminales. Con ellos buscaremos generar programas concertados de sustitución certificada de coca en periodos de 3 años, teniendo en cuenta sus propuestas productivas y con participación de las autoridades locales y regionales.
Nuestro programa de desarrollo agrario deberá tener al sector de campesinos cocaleros como una de sus prioridades, con medidas como: (i) créditos agropecuarios concesionales, asistencia técnica permanente, paquetes tecnológicos validados y mercados seguros para productos alternativos al cultivo de hoja de coca; (ii) saneamiento y titulación de predios agrícolas;
Reorientaremos los recursos de la cooperación internacional antinarcóticos hacia inversiones en infraestructura de caminos, acciones de interdicción, reforma del sistema judicial y combate al lavado de dinero. Las acciones de desarrollo alternativo con los campesinos serán financiadas con recursos del Estado Peruano debido a sus implicancias de seguridad interna.