Proponemos una nueva relación del Estado, con la sociedad civil y el mercado. Gobernaremos a través del planeamiento estratégico concertado que oriente las decisiones del desarrollo nacional, regional y local. Creemos en un Estado con funcionarios profesionalizados de carrera, honestos y adecuadamente remunerados de acuerdo a sus capacidades y méritos. Todas las instancias públicas estarán sujetas a procesos de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.

Cambios constitucionales y de las normas de partidos y del sistema electoral

1. Reforma constitucional para establecer un nuevo conjunto de relaciones entre el Poder Ejecutivo, el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como entre el Presidente, el Primer Ministro y los ministros.

2. Reforma constitucional para establecer un Congreso bicameral y un mejor balance de poder entre el Congreso y el Poder Ejecutivo en todos sus niveles

3. Reformaremos el sistema electoral para modificar los criterios de representación determinando circunscripciones electorales más pequeñas que permitan otorgarle efectiva representación a mayores sectores de la población del país, lo que posibilitaría mejorar la relación entre electores y sus congresistas

4. Reformaremos las normas que impiden a los movimientos políticos regionales presentar listas de candidatos al congreso. De este modo lograremos que se devuelva un derecho consistente con el proceso general de la descentralización.

5. Reformaremos las normas para permitir que los movimientos regionales inscritos de acuerdo a la ley de partidos y organizaciones políticas vigente, que representen más de las 2/3 partes de los departamentos del país, puedan establecer alianzas electorales que hagan posible la presentación de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República

6. Reformaremos la Ley de Participación y Control Ciudadanos para incorporar la revocatoria para congresistas, autoridades regionales y judiciales.

Reforma del Poder Ejecutivo

1. Fijaremos un tope máximo de 4 UITs mensuales a la remuneración por todo concepto de nuestras autoridades electas por voto popular, incluyendo al Presidente de la República, Congresistas, Presidentes Regionales y Alcaldes

2. Homologaremos las remuneraciones de todo el personal de carrera del sector público, que deberán estar bajo un mismo sistema escalonado y transparente y diferenciando la función pública del servicio civil.

3. Impondremos un tope máximo de 5 UITs mensuales para la máxima remuneración del sector público por todo concepto, con una graduación que refleje méritos y niveles de responsabilidad asumidos para los funcionarios públicos de carrera.

4. Las remuneraciones de altos cargos de confianza y gran responsabilidad como de órganos reguladores y supervisores del aparato público serán fijados de acuerdo a las condiciones del mercado y bajo estrictos requerimientos de calificaciones profesionales apropiadas para las altas funciones asignadas;

5. Instituiremos la gestión estratégica basada en resultados y cimentada en el planeamiento estratégico, la programación a base de objetivos específicos y metas anuales y permanente seguimiento y evaluación por indicadores de gestión.

6. Fortaleceremos el rol de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la que basada en el planeamiento concertado y las prioridades que surjan del mismo y del trabajo multisectorial asigne los recursos y la inversión pública. La PCM tendrá funciones claras en materia de planificación estratégica, asignándosele el manejo de la programación multianual y del presupuesto de la inversión pública, así como la del sistema nacional de inversión pública, ProInversión y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico;

7. Fortaleceremos y ampliaremos las capacidades descentralizadas del Sistema Nacional de Inversión Pública, de tal forma que se asegure una evaluación técnica de los proyectos de inversión, un adecuado retorno social y su coherencia con las políticas y planes estratégicos.

8. Impulsaremos los Presupuestos Participativos en todas las instancias nacionales, regionales y locales en donde se deciden asignaciones de recursos públicos;

9. Propugnamos que el conjunto de organismos públicos descentralizados (OPDs) que cumplen funciones que no son adscribidles a un sector de actividad y cuya función es eminentemente técnica deberán convertirse en organismos centrales figura contemplada en la Ley del Poder Ejecutivo vigente y ser incluidos en un régimen autonómico cuyas autoridades sean designadas por el Poder Ejecutivo y ratificadas por el Congreso de la República por un período de cinco años, no renovables y removibles solo por falta grave de acuerdo a ley.

10. Recuperaremos para los Ministerios la capacidad de gobierno (planeamiento estratégico, normatividad, asignación de recursos y fiscalización) transfiriendo las demás competencias y personal a los niveles descentralizados.

11. Reordenaremos la estructura sectorial del Estado para integrar mejor las políticas sociales, ambientales y productivas y resolver los problemas de mayor complejidad que enfrenta el país.

12. Desarrollaremos una política de servicio al ciudadano que reconstruya la relación de las instituciones públicas con la población, con un enfoque de satisfacción al cliente, mediante la reducción de trabas burocráticas, de trámites costosos, de colas y pérdidas de tiempo, y promueva el uso de tecnologías de información y comunicación y ventanillas únicas para la provisión de servicios en zonas alejadas.

13. Implementaremos una Carrera Pública basada en la meritocracia, que abra las puertas a nuevos profesionales con vocación de servicio y permita transformar el empleo público en una opción de línea de carrera profesional de largo plazo, debidamente remunerada, digna y respetada.

14. Se promoverá la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y se implementarán mecanismos de participación y control ciudadano a la gestión.