Desarrollaremos mecanismos democráticos de efectiva participación y negociación con las comunidades locales, partiendo del reconocimiento de que la minería beneficia a todo el país, pero son las personas de las comunidades del entorno quienes enfrentan los riegos que ella conlleva.

Aseguraremos que los pobladores rurales no vean afectada su seguridad alimentaria y capacidad de generación de ingresos. Mas aún, para la Concertación Descentralista, la promoción de la actividad minera debe constituirse en palanca de desarrollo para garantizar el bienestar de estos pobladores.

Garantizaremos la autonomía técnica de la autoridad ambiental para otorgar licencias. La regulación ambiental no dependerá exclusivamente del Ministerio de Energía y Minas, cuyo rol central es la promoción de la minería. Estableceremos fórmulas institucionales que aseguren un proceso de evaluación más amplio, con la participación de todos los actores, para dar legitimidad al proceso.

Haremos del tratamiento de los pasivos ambientales una de las áreas prioritarias de la política ambiental. La remediación de los pasivos ambientales puede constituir un esfuerzo grande para el fisco, por que lo debe contarse con un plan que establezca las prioridades en base al riesgo ambiental. Además, la implementación de programas de monitoreo de pasivos ambientales es fundamental. Para pasivos de responsable no identificados, se analizará el desarrollo de fondos con participación privada y pública.

Crearemos un mecanismo de defensoría en las zonas de importancia mineras o la especialización de un departamento de la actual Defensoría del Pueblo debe promoverse. La Defensoría deberá tener como rol facilitar la prevención y, en caso necesario, la justa solución de los conflictos desde el inicio del proceso y llamar la atención sobre los potenciales problemas a enfrentar.