En la Concertación Descentralista somos conscientes que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no puede firmarse sacrificando al agro peruano a nombre de otros sectores. En tal sentido, de ser aprobado este tratado por el Congreso, implementaremos un fondo de compensación y reconversión de US$ 200 millones anuales orientado a zonas y tipos de agricultores más afectados por la liberalización comercial

Emprenderemos un plan de consolidación empresarial de agricultores, sobre la base de mapas de competitividad y planes de negocio por zonas. Se ubicarán productores más jóvenes con interés en seguir en la agricultura, y agricultores que ya desean dejarla, formando un banco de tierras y generando proyectos técnica y financieramente viables para agricultores en áreas mayores a las 20 hectáreas.

Introduciremos diversos instrumentos para mejorar el perfil crediticio de los agricultores: (i) uso de prenda agrícola; (ii) seguro agrario como garantía para préstamos; (iii) planes de negocio; (iv) garantías para agricultores organizados en comisiones de regantes o comunidades; (v) reforma de Agrobanco para atender parte de la demanda sin subsidios ni refinanciaciones engañosas; (vi) fin de la política de condonación (RFA, etc.)

Impulsaremos una ley de desarrollo rural, y un programa público con inversiones rurales en caminos, electrificación y riego campesino, y consolidar el manejo de programas rurales en una sola entidad pública de carácter multisectorial pero adscrita al Ministerio de Agricultura y Gobiernos Regionales.

Reformaremos totalmente el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agraria) para despolitizarlo y dotarlo de un presupuesto estable equivalente a unos US$ 30 millones anuales para los siguientes 10 años, con un directorio público-privado. Esta institución es fundamental para el cambio técnico en la agricultura, pero no debe manejar el sistema de extensión, el cual debe asignarse con recursos a las 180 agencias agrarias, actualmente administradas por los Gobiernos Regionales.

Triplicaremos el presupuesto de sanidad agropecuaria orientado hacia zonas de sierra y selva;

Aprobaremos una nueva ley de aguas que introduzca nuevos conceptos de gestión como la cuenca e instrumentos económicos y ambientales modernos para el manejo eficiente y sostenible del recurso. Todo programa de apoyo al agro deberá condicionarse al aumento paulatino en las muy bajas tarifas de agua que pagan hoy los agricultores. Debe promoverse el riego tecnificado vía fondos concursables con subsidio estatal sostenible.

Reformaremos el Ministerio de Agricultura para eliminar proyectos centralistas que duplican esfuerzos y son demasiado autónomos. Fortaleceremos la capacidad técnica de las direcciones nacionales del MINAG, que deberán manejar instrumentos promotores más no ejecutores, el grueso de la ejecución debe caer en las regiones, esto implica un Ministerio más pequeño, sin proyectos centralizados, pero con direcciones técnicas fuertes e instrumentos para negociar y supervisar la política agraria aplicada en las regiones.