Para un desarrollo descentralizado coherente proponemos:

• Que el Gobierno Nacional retenga y perfeccione las competencias sobre política y estabilidad macroeconómica, defensa y soberanía nacional, seguridad interna y ciudadana, políticas multisectoriales, y políticas sectoriales para el desarrollo productivo descentralizado.

• Que los gobiernos regionales asuman principalmente las competencias y tareas referidas al acondicionamiento del territorio, la competitividad, la inversión y el empleo a generarse a nivel de todas las regiones del país; y asuman decisiones de políticas públicas para el desarrollo económico y social de sus regiones.

• Que los gobiernos locales ejerzan principalmente las competencias y tareas relacionadas con la promoción de la equidad, la igualdad de oportunidades, la gestión de los programas sociales, la seguridad ciudadana y la gestión del medio ambiente.

Nuestro gobierno relanzará el proceso de formación de regiones fomentando la participación ciudadana y asignando los recursos necesarios e incentivos tributarios para promover la integración armónica y democrática de departamentos en regiones más fuertes y competitivas. Nuestra alianza asume la responsabilidad histórica de darle a las regiones mayor peso económico y político frente al asfixiante centralismo, ampliando sus responsabilidades de decisión, frente a los desafíos de su desarrollo. Nos comprometemos a profundizar el proceso de descentralización respetando la gradualidad pero con la necesaria firmeza para trasladar competencias, capacidades y recursos a los gobiernos regionales y municipales de manera equitativa.

Para fortalecer a las regiones desde sus bases planteamos que las provincias sean unidades de planeamiento y programación del desarrollo territorial descentralizado, dotándolas de capacidades para encargarse del desarrollo de la infraestructura económica urbana y rural y la transformación productiva local. En el ámbito político, planteamos convertir a los ámbitos provinciales en distritos electorales para una representación justa y democrática en el Congreso de la República.

1. Aplicaremos un agresivo Plan de Capacitación dirigido a funcionarios del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales. Su ejecución requerirá la coordinación interinstitucional y la participación de distintos sectores y entidades públicas en los temas de desarrollo económico territorial y gestión pública descentralizada. Una prioridad absoluta será la capacitación en planificación, proyectos de inversión pública y privada de alcance regional y local.

2. Relanzaremos la transferencia de proyectos, competencias y funciones desde el gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales sobre la base de una radical voluntad política, pero a la vez apoyada en una estrategia ordenada y gradual. A partir de un enfoque basado en la demanda de los propios gobiernos regionales y municipalidades, adecuaremos el actual Sistema de Acreditación, poniendo el énfasis, más que en los procedimientos, en el desempeño y en los resultados de la gestión descentralizada. La transferencia se realizará en base a un plan de mediano plazo concertado entre los niveles de gobierno dando prioridad a los programas y proyectos de lucha contra la pobreza y la exclusión y de promoción de las potencialidades territoriales

3. Llevaremos a cabo una profunda descentralización fiscal que establezca una participación creciente de regiones y localidades en la recaudación del Impuesto a la Renta. Propiciaremos que el domicilio fiscal de las empresas sea fijado en la región donde se desarrollan sus actividades. En los próximos cinco años los gobiernos regionales alcanzarán a ejecutar el 25% y los gobiernos locales el 20% del Presupuesto Nacional. Esto significa que los gobiernos descentralizados en su conjunto, manejaran el 75% del gasto público no financiero y no previsional del Estado. Promoveremos criterios de compensación y equidad en la asignación de los recursos del canon y regalías, propugnando la solidaridad regional de modo que parte de estos recursos se destinen a las localidades más pobres de cada región.

4. Potenciaremos decididamente a las Juntas de Coordinación Interregional constituidas por los gobiernos regionales vecinos, bajo la Ley de Incentivos para la formación de Regiones. Proponemos que los departamentos que han constituido Juntas perciban el 25% de lo recaudado en sus territorios por concepto de IGV, Impuesto a la Renta e ISC; y tengan acceso preferente a los recursos del FIDE para proyectos y programas de carácter inter-departamental. Promoveremos la formación de mancomunidades municipales para la gestión de recursos y proyectos comunes y la mejora en la calidad de los servicios a la población.

5. Ampliaremos significativamente el Fondo Intergubernamental para la Descentralización, con recursos del Tesoro y de la cooperación externa, para convertirlo en un efectivo instrumento de promoción del desarrollo territorial. Como parte del FIDE crearemos un fondo específico para el financiamiento de estudios de preinversión de proyectos estratégicos de alcance regional.

6. En el marco de una mejora y fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) impulsaremos firmemente su descentralización y adecuación a las necesidades de los gobiernos regionales y locales a fin de impulsar, además de obras de infraestructura, proyectos de formación de capital humano, innovación y promoción de oportunidades en las regiones y localidades.

7. En el marco de la implementación del sistema de planeamiento estratégico del Estado fortaleceremos las gerencias de planificación y presupuesto de los gobiernos regionales y las oficinas de planificación de las municipalidades provinciales, otorgándoles las capacidades y atribuciones necesarias para una gestión eficiente y concentrada del ciclo planificación-presupuesto-programación de inversiones con vistas al desarrollo territorial en escala regional y local

8. Haremos de las provincias unidades de planeamiento y programación del desarrollo descentralizado, para que asuman la provisión y gestión de la infraestructura económica urbana y rural y la transformación productiva local con impacto en la inclusión social y en la promoción de las potencialidades territoriales.

9. Fortaleceremos el funcionamiento de los Comités de Coordinación Regional (CCR) y los Comités de Coordinación Local (CCL) como instancias con capacidad de articular el conjunto de espacios e iniciativas de participación ciudadana existentes en regiones y localidades.

10. Desarrollaremos programas de capacitación dirigidos a organizaciones de pequeños productores urbanos y rurales en la formulación y gestión de proyectos productivos orientados al mercado.

11. Apoyaremos la delegación de la administración de servicios locales a las organizaciones comunales, favoreciendo su acceso a recursos públicos a través de los presupuestos participativos.

12. Impulsaremos el establecimiento de un porcentaje mínimo de votos para la elección de presidentes regionales, alcaldes y regidores, a fin de asegurar su legitimidad. Plantearemos que los consejeros regionales y regidores municipales sean elegidos con criterios de representación territorial, eliminándose el sistema actual que otorga mayoría al presidente regional o alcalde ganador de las elecciones.

13. Plantearemos la creación de un Consejo de Coordinación Intergubernamental para la conducción política del proceso de descentralización. Este Consejo estará presidido por el Presidente del Consejo de Ministros e integrado por Ministros de Estado, Presidentes Regionales y representantes de los Alcaldes Provinciales y Distritales. En reemplazo del actual CND crearemos una Secretaría Técnica con rango viceministerial, y Comisiones Sectoriales de Descentralización, responsables de la coordinación y conducción del proceso en sus ámbitos.