CARTA DE SUSANA VILLARÁN
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El Estado al Servicio de la Democracia Social
Durante los últimos decenios el Perú ha experimentado una serie de crisis de gobernabilidad democrática. Las demandas de la sociedad peruana desbordaron la capacidad de las organizaciones gubernamentales, las instancias legislativas, el sistema jurídico, los partidos políticos, las empresas privadas, los sindicatos, las fuerzas armadas, entre otras instituciones.
No sólo ha habido un desfase entre la capacidad de las instituciones para procesar y responder a las demandas sociales, económicas y políticas de la población sino que también hemos experimentado un rápido crecimiento demográfico lo que llevó a multiplicar dichas demandas.
Estos desfases se agravaron hacia fines de los ochenta cuando el terrorismo, la hiperinflación, la atrofia del Estado, la parálisis empresarial, la corrupción y el desorden amenazaron con socavar los fundamentos de la nación peruana. La incertidumbre y la angustia crearon el deterioro institucional y la crisis de gobernabilidad provocaron desconfianza generalizada, principalmente, hacia las organizaciones políticas y el aparato estatal.
Durante los primeros años de la década de los noventa se llevaron a cabo algunos avances en relación a las reformas estructurales; sin embargo, estos avances no fueron sostenibles en el tiempo y los procesos se estancaron o incluso revirtieron. La crisis política e institucional, la corrupción a gran escala, el grave retroceso institucional, y las altas tasas de pobreza e informalidad generaron cuestionamientos y desconfianza en la población peruana.
Para avanzar con el diseño y puesta en práctica de las estrategias de desarrollo viable y sostenido es necesario lograr un balance entre los protagonistas de la gobernabilidad y desarrollo, caracterizado por un equilibrio entre las acciones del Estado, las fuerzas del mercado y la gran variedad de organizaciones de la sociedad civil, así como por una subordinación efectiva, mas no sumisa, de las fuerzas armadas al poder civil.
Con el fin de emprender nuevas reformas, culminar las reformas encaminadas y garantizarles sostenibilidad, Concertación Descentralista ha elaborado las propuestas que a continuación se presentarán a fin de responder al desafío de crear un Estado democrático, representativo, descentralizado, participativo y eficaz; una economía donde haya empresas eficientes y competitivas; y organizaciones de la sociedad civil, activas y responsables.
La propuesta se sustenta en cinco ejes transversales que atraviesan el conjunto de las reformas del estado que proponemos:
Además, se plantean las reformas específicas que impulsaremos para los tres principales poderes del Estado:
Reforma del Poder Ejecutivo: reforzamiento de las funciones y atribuciones del Poder Ejecutivo y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, fortaleciendo la gestión pública superior y reformando la gestión pública sobre la base de la carrera de la función pública y del servicio civil.
Reforma del Poder Legislativo: reestablecimiento del Congreso bicameral con un sistema más representativo y sobre la base de circunscripciones regionales y provinciales; eliminación del voto preferencial y parte de congresistas elegidos por mayoría simple en sus circunscripciones.
Reforma del Poder Judicial tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo.
A estas reformas se suma un replanteamiento del rol de las fuerzas armadas.
Este conjunto de reformas tendrán por objetivo principal legitimar las instituciones estatales para la consecución de una comunidad política democrática en donde la sociedad civil sea lo suficientemente activa y los partidos políticos sean capaces de impulsar y garantizar la continuidad del proceso de legitimación del Estado.