En la Concertación Descentralista tenemos como meta fundamental de gobierno la generación de empleo formal, el cual debe ser generado por el sector privado con la inversión de empresarios pequeños, medianos y grandes.  Actualmente, el Estado genera el 50% del empleo formal pese a que solo representa el 13% de la economía, mientras el sector privado, que pesa 87% en la economía, solo genera el otro 50%. Equilibrar esta cifra requiere que el sector privado incremente en 75% el empleo formal en los próximos cinco años. Proponemos esta meta a los empresarios y a todos los peruanos. No compartimos la idea de que se vaya a generar más empleo formal mediante mayor flexibilización laboral. Esto ocurrió de manera radical en los 90 y el empleo formal no creció, más bien disminuyó. En nuestra concepción solo se creará más empleo formal si hay mejores condiciones para la inversión privada en un clima de paz social en democracia. Habrá más empleo si tenemos más empresarios, y si más micro-empresas pasan a ser pequeñas empresas y más pequeñas empresas pasan a ser medianas y grandes empresas.

Hemos venido creciendo en los últimos tres años sin que esto haya generado un impacto importante en el empleo formal y en la reducción de la pobreza. Eso nos dice que algo está fallando en el modelo económico heredado de los 90. En nuestra opinión, lo que falta es una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Esta nueva relación se debe basar en el compromiso conjunto de orientar todos los esfuerzos públicos y privados en una sola dirección: la creación de empleo formal en un contexto de paz social, especialmente para los más jóvenes y en los territorios emergentes del interior del país.

Por eso proponemos un Pacto por el Empleo y la Paz Social en Democracia. En este, el Estado se compromete a generar políticas estables y promotoras de la inversión en los sectores y territorios que generan el mayor impacto en el empleo. Los empresarios se comprometen a invertir sus utilidades generando más empleo formal y con inversión en capacitación. La sociedad civil organizada se compromete a mantener un clima de paz social y de respeto a las reglas de una economía social de mercado, sobre la base de la transparencia y la participación en las decisiones públicas. En este Pacto, todos nos comprometemos a combatir profundamente la corrupción, no solo en el sector público, sino en todos los ámbitos de la vida social y empresarial.

En la CD creemos que solo de este tipo de acuerdo puede surgir un orden más estable y democrático que el que tenemos. Para nosotros el orden social no es algo que pueda imponerse desde arriba con más represión desde el Estado, si no que este debe surgir de la aceptación mutua de un proyecto compartido de sociedad, territorio, economía y Estado. En esto nos diferenciamos de otras opciones políticas. No creemos que se puede mejorar las condiciones de empleo en nuestro país insistiendo con un modelo económico que no atiende las necesidades de cientos de miles de jóvenes que cada año entran a la población económicamente activa. No basta para ello plantear mejoras (necesarias, sí) en los programas sociales. Y tampoco creemos que puedan hacerse los cambios necesarios al modelo económico sobre la base del ataque y la satanización de la inversión privada, nacional o extranjera. En ambos casos se parte de una visión del Estado como agente o instrumento del control social o de confrontación entre sectores sociales. Nuestra visión es de un Estado que puede y debe generar mejores condiciones para el desarrollo económico, sobre la base de políticas activas y selectivas.

Y también nos diferenciamos de alternativas socialdemócratas que en el pasado (y ahora) demuestran no entender cómo diseñar e implementar las políticas más apropiadas para el desarrollo. Nosotros tenemos claro que los instrumentos para el desarrollo ya no pueden ser el crédito subsidiado, controles de precios, aranceles altos y dispersos o programas estatales para dar empleo al partido de gobierno. Nuestros mejores instrumentos de desarrollo son inversiones públicas eficientes y estables en mejor infraestructura de caminos, energía y comunicaciones, más innovación, promoción de productos de bandera y corredores económicos, y mejora sustantiva en la cobertura y calidad de los servicios básicos de educación, salud, justicia y seguridad ciudadana.

Es sobre este nuevo paradigma económico, que nosotros llamamos ‘neo-estructuralismo’, que creemos que podemos construir una nueva esperanza y un nuevo ciclo de crecimiento con equidad para nuestro país. Hemos entrado a la política no solo para estas elecciones de abril sino para impulsar este proyecto en los próximos 20 años, no solo desde el gobierno nacional y el Congreso, sino desde los gobiernos regionales y locales. En eso estamos y en eso creemos.